Otro robo adolescente, a una cuadra de la Policía
El hecho ocurrió este martes 27 de mayo en un local que vende indumentaria deportiva por calle General Paz, entre Catamarca y San Juan, en el centro de Villa María.
El sábado 29 de diciembre, el instructor de aspirantes de Bomberos de La Playosa, Rodrigo Santi, fue arrestado por abuso sexual agravado, tenencia de imágenes de abuso sexual infantil y grooming. ¿Cuándo comienzan los casos? ¿Cómo? ¿Hay más víctimas? ¿Qué sucedía en el cuartel?
—Yo amo la institución —dice el abogado que le dijo una madre.
La institución es Bomberos Voluntarios de La Playosa, un pueblo del centro este de Córdoba que tiene unos tres mil habitantes y queda a 40 kilómetros de Villa María, ciudad cabecera del departamento General San Martín.
—Mi objetivo no es que este muchacho vaya preso. Mi objetivo es que no sufran más jóvenes —dice que le siguió diciendo esa madre.
El muchacho, que se llama Rodrigo Santi, era instructor de la Escuela de Capacitación de Bomberos Voluntarios del pueblo. También capacitaba cadetes a nivel nacional. Los formaba, decidía quién ascendía, quién se convertía en bombero, quién se iba, quién se olvidaba para siempre. Era una autoridad, alguien con poder.
—No quiero perjudicar ni a la familia ni a los bomberos —dice que le insistió la madre.
Entonces, con el abogado, escribieron una nota dirigida al jefe, hermano Santi, y la presentaron por mesa de entrada. La recibió otra madre, la de Santi, que es secretaria de la comisión directiva de Bomberos.
La nota, si se leyó, solo se leyó: fue una lectura estéril.
Para José Tomás Corigliano, el abogado, de treinta y seis años, la historia —esta historia— empieza en marzo de 2024.
Alguien lo recomienda y la madre que quiere que no sufran más jóvenes lo visita en su estudio de Catamarca 1414, en el centro norte de Villa María, recién varios meses después: en noviembre.
—Doctor, le voy a contar una situación y le voy a pedir por favor que usted me diga si esto es un delito o estoy loca yo —dice el abogado que le dijo la madre.
Corigliano le dijo que, claramente, había delito: un abuso sexual simple.
La mujer siguió hablando y él sacó el Código Penal Comentado y le mostró el artículo 119 que, palabras más, palabras menos, dice que la pena es de seis meses a cuatro años de prisión cuando hay abuso sexual a un menor de trece o cuando hay violencia, amenaza, relación de dependencia, de autoridad, de poder. Le mostró, además, los seis incisos.
La última mañana del 2024, José Tomás Corigliano dice que la madre se sorprendió: dice que ella pensaba que era un «acoso». Ella usó esa palabra: «acoso», como algo que no es mucho, que no es tanto, que no es demasiado: que es algo que suele —puede— pasar.
Corigliano dice que no quiere usar una palabra que no corresponda y habla del «picarón del barrio, del pueblo». Después, pone un ejemplo, dice que si un mayor le escribe a otro, menor, y lo invita a tomar algo a su casa y el menor acepta y llega y toma lo que el mayor le ofrece, una dos tres varias veces hasta que el mayor se siente seguro de que el menor no está seguro y le toca la entrepierna y le apoya la mano, por ejemplo, hay un caso sexual.
—No estamos hablando de una picardía. No. Es un modus operandi que tiene este muchacho.
Pueblo chico, infierno grande. Decirlo es un lugar común, pero lo es por algo. En el pueblo, dice el abogado, había comentarios. En noviembre, otra madre, parte de la comisión directiva, pidió una reunión. Cuando llegó, sacó el celular de la cartera y empezó a mostrar capturas de pantalla. Había texto. Había fotos. Había certezas: Santi les había estado enviando mensajes y fotos al hijo de esta otra madre y a otros tres chicos que, si bien ya eran bomberos, en algún momento habían sido aspirantes: menores de dieciocho.
La madre que no quiere que sufran más jóvenes estuvo en la reunión. Se preocupó y cuando regresó a su casa chusmeó el WhatsApp Web en la computadora de la familia. Había texto. Había fotos. De Santi hacia su hijo, de quince, ahora de dieciséis: hacía de marzo que lo contactaba.
La madre que no quiere que sufran más jóvenes porque sufrió su hijo, acompañada por el abogado, presentó la denuncia y se constituyó como querellante particular el viernes 20 de diciembre.
Santi tiene treinta. El sábado 29 de diciembre a la mañana estaba en su casa, en La Playosa. La Fiscal de Segundo Turno de Villa María, Juliana Companys, ya tenía coordinado los allanamientos.
Otros muchachos, los de la División Investigaciones y del área de Ciberdelito del Poder Judicial partieron hacia la casa del muchacho, llegaron y lo detuvieron por ser el supuesto autor de abuso sexual agravado, tenencia de imágenes de abuso sexual infantil y grooming, esa práctica por la que alguien, mayor de dieciocho siempre, usa las redes —la tecnología de transmisión de datos— para contactar a los que tienen menos de dieciocho y confundirlos y hacerles decir lo que no quieren decir y hacerles hacer lo que no quieren hacer: para aprovecharse. Como explica la página argentina.gob.ar, se contacta a los menores para «atentar contra su integridad sexual».
Estos otros muchachos secuestraron celulares, computadoras, documentación: prueba para la causa.
Y siguieron allanado: la casa del hermano de Santi, jefe —hasta hace días— de Bomberos del pueblo, la casa del padre de Santi, exjefe de Bomberos durante casi veinte años —luego miembro suplente de la comisión directiva— y el cuartel.
Todos fueron apartados de Bomberos (se tomaron licencia) por orden de la Federación de la provincia.
Ahora, al cuartel lo dirige quien estaba como segundo: Emanuel Cerutti.
Rodrigo Santi está preso en la cárcel de Villa María.
Otro Rodrigo, Rodrigo Hayas, asumió como su abogado.
Bomberos de La Playosa tiene veintiocho bomberos activos.
Los aspirantes, ahora, son ocho: cinco chicas y tres chicos.
—Históricamente siempre hubo mucha mayor cantidad de varones. Eran dos o tres veces más. Es muy extraño —dice el abogado.
Bomberos de La Playosa funciona como otras instituciones, como tantos otros cuarteles.
Como en un centro vecinal, está lo administrativo: hay una comisión directiva con presidente, vice, secretaria, tesorera, protesorera, vocales y revisador de cuentas. Son doce y más mujeres: desde el cuartel dicen que un 70 por ciento son mujeres y un 30 de varones. Y tiene, por otra parte, similitudes con la Policía, con el Ejército: hay un cuerpo activo —que se encarga de la operatividad del cuartel, de los vehículos, las capacitaciones— con jefe, segundo jefe, oficiales, suboficiales, bomberos y aspirantes. Hay jerarquía, subordinación.
—Lo ha hecho durante muchísimos años y el agravante que encuentro se relaciona con el cargo, la jerarquía que este muchacho ostenta —dice el abogado.
Según sus registros, los primeros casos podrían haber sucedido hace unos once, doce, trece años.
Hace once, doce, trece años, los aspirantes —que tenían de trece a diecisiete— solían pasar noches en el cuartel. Podían ser noches para que los aspirantes conocieran cómo eran las noches de guardia, para practicar, para distenderse incluso.
—El detenido los invitaba a realizar una masturbación grupal —dice el abogado.
El grupo de la comisión directiva del momento tuvo que juntarse.
—Son cosas de muchachos nomás, el tiempo las va a sanar —dice el abogado que les dijo el jefe, ahora exjefe, padre de Santi, a los de la comisión.
El presidente de Bomberos de La Playosa, Williams Walter Aimino, el año pasado se acordó de aquellos años, de hace once, doce, trece.
—Él recomendaba que este nuevo acontecimiento se solucionara de la misma manera —dice el abogado.
La misma manera, esa de aquellos años, consiste en no denunciar, en pedir perdón nomás, en hablarlo puertas adentro.
Hay dos generaciones: la de los aspirantes, la de los que acaban de ascender, y después la de los bomberos que tienen treinta como Santi.
—En el medio hay muchos que dejaron y eso es algo muy extraño. Hay un bache —sigue diciendo el abogado.
En el medio hubo bomberos que dejaron: que dejaron hasta el pueblo y se instalaron en otro.
Un «bache» se le llama a un hoyo o desigualdad en el pavimento, en la calle.
El pasado, tantas veces, es un bache.
El pasado, esta vez, tanto más que un bache. Una decisión: la de ignorarlo, la de olvidarlo.
En ese bache aparece un psicólogo: jefe, además, de Bomberos Voluntarios de Salsipuedes.
Es el mismo psicólogo que aparece ahora, con la detención de Santi.
—Es una designación totalmente unilateral por parte del jefe del cuerpo, hermano del detenido —dice el abogado y explica que si participa un profesional de la salud mental, como en este caso, debe intervenir la federación provincial.
A fines de diciembre, el psicólogo cobró la última factura.
—Lo único que hizo fue dar un taller de género. Y entrevistó de manera privada a algunos aspirantes.
A fines de diciembre de 2024 cobró honorarios por unos cuatrocientos mil pesos, comenta Corigliano.
Hasta hace algunas semanas, del trabajo del psicólogo no había informe. Gustavo Giuliani, el director del «Centro de Capacitación y Programación Comisario B.V. Juan C. Mulinetti» de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, había dejado constancia en un documento que lleva su firma y dice: “No existe requerimiento alguno, por parte de los Delegados y/o Coordinadores de la Regional 4 y a solicitud de la Asociación de Bomberos Voluntarios de La Playosa, para la intervención del Departamento Psicología de la Emergencia motivada por los hechos que se vinculan a la imputación del Sub Oficial Mayor BV Rodrigo Santi, perteneciente a esa institución y que son de público conocimiento”.
Fue cuestión de tiempo. Cuando terminaba la segunda semana del 2025 —entre el jueves 9 y el viernes 10 de enero— apareció el informe.
—Le pedimos a la fiscalía que tome acciones. Que lo llame como testigo o indaguen por mal desempeño de funciones —dice el abogado, que dice también que el psicólogo les ha dicho a los chicos que se queden tranquilos, que el tiempo sana las heridas, que hace falta mucho diálogo.
El miércoles 8 de enero de 2025, el presidente Williams Walter Aimino convocó a una reunión. Llamó a dos cabos y les pidió que lean, en voz alta y delante de todos, un documento. Una síntesis podría decir que en el documento se hace lo obvio: se culpa a la madre que no quiere que sufran más jóvenes por denunciar. Se la culpa porque habla y al hablar ha provocado una supuesta crisis económica, la pérdida de subsidios, de beneficios, el cierre de cuentas bancarias.
La madre sigue hablando. Intima al presidente Aimino: con su abogado, decide mandarle por email una carta documento. Una síntesis de este otro documento podría decir que el presidente miente porque al parecer la tesorera sigue pagando lo que hay que pagar —sueldos, deudas, servicios— y diría también que por su culpa —la de Aimino— a ella la insultan, la discriminan, la acosan, que esto no tiene que ver con ninguna crisis económica; que por eso se tiene que retractar y mandar un comunicado a la Asociación de Bomberos y a la comunidad del pueblo.
Esas formas tan obvias.
Se culpa a una madre —a una mujer— y, sin siquiera decirlo, se les va avisando a las demás: silencio, por favor.
El hecho ocurrió este martes 27 de mayo en un local que vende indumentaria deportiva por calle General Paz, entre Catamarca y San Juan, en el centro de Villa María.
Hace algunos días, cerca del Polideportivo, casi diez chicos abordaron a dos, de 14 años, y les sacaron el celular. Un tiempo antes, una chica de quince iba a la escuela cuando, a las siete de la mañana, un hombre avanzó hacia ella en el puente del Subnivel.
Esta es la historia de Priscila Pérez, 19 años y embarazada de siete meses, que vive en una casilla, en un terreno que usurpó en el predio Nuevo Central Argentino (NCA), en la Media Luna Los Chaleses, en el barrio Las Playas.
