El Concejo impulsa una suba de la tarifa de agua

El proyecto se da en medio de sospechas por corrupción, falta de control y aumentos reales de hasta 500%.

Concejales del oficialismo y la mayoría de Juntos por el Cambio están por aprobar un proyecto de ordenanza para aumentar, todavía más, la tarifa del servicio de agua potable que cobra la Cooperativa 15 de Mayo. A esos concejales no parece preocuparles que desde diciembre de 2023 a julio de 2025, en vez de aumentar la tarifa un 146%, que es la suba aprobada hasta el momento, haya boletas de usuarios con más de un 300% de incremento; incluso algunas con montos que superan el 500%. El proyecto fue presentado por el bloque oficialista, que es mayoría en el Concejo Deliberante.

—No habiendo más consideraciones, sometemos a votación —dice el señor presidente del Concejo, Juan Pablo Inglese.

Es el 21 de agosto de 2025 y el Concejo Deliberante acaba de aprobar, por mayoría y en primera lectura, el proyecto de ordenanza que actualiza el cuadro tarifario de los servicios públicos de provisión de agua potable, desagües cloacales y mantenimiento de desagües pluviales.

Han levantado la mano Yaslil Osés, Patricia Heredia, Diego Olviero, Celeste Curetti, José María Cativelli y Silvina Mercedes Irusta del bloque «Hacemos Unidos por Villa María», Natalia González, Evelyn Acevedo y Rubén Perret de «Juntos por el Cambio».

No la han levantado Felipe Botta, de «Juntos por el Cambio» y Manuel Sosa de «Uniendo Villa María».

El proyecto prevé un incremento escalonado: 10% en septiembre, 9% en noviembre y 9,95% en enero de 2026.

Entre las que levantaron la mano, Osés ha dicho que la Cooperativa 15 de Mayo no solo piensa en los números, sino también en la gente, y que por eso ha esperado un año para actualizar la tarifa, cuando la normativa dice que debería revisarse cada seis meses. Y ha dicho que pese al contexto económico que atraviesa el país, la Cooperativa va a sumar un plan de obra con fondos propios, destinado a familias de barrios como Villa del Sur, Las Playas, Padre Mujica, Campos del Este, Las Acacias, Centro Sur, General Paz y Güemes.

Entre los que no la levantaron, Sosa ha dicho no solo hay que velar por la salud de la Cooperativa, sino sobre todo por la de los usuarios. Y, mientras, ha dicho las razones por las que, luego, no ha levantado la mano. Ha dicho que para hacer un análisis serio es necesaria la estructura de costos. «La última vez que vino la gente de la Cooperativa a este recinto expresó que los números que están en el cuadro tarifario que ellos acompañan en el esquema de costos son indicadores y no valores reales», ha dicho y ha exigido la documentación respaldatoria para conocer esos valores reales que contemplan, por ejemplo, los gastos en sueldos, mantenimiento e insumos.

Después ha hablado de lo que dice la ordenanza 7.317 del año 2018 en la decimoctava cláusla del contrato de concesión, donde se detalla que la Municipalidad deberá conformar un Ente de Control para la fiscalización del servicio. Y, así, ha pedido el dictamen del Ente de Control, un ente que nunca se conformó.

Además, ha recordado los aumentos otorgados por el Concejo desde que él y los demás son concejales: 40% a principios de 2024, 54,46% a mediados de ese año y un último del 14,10% a fines de ese año. Esto quiere decir que el Concejo le aprobó a la Cooperativa, hasta ahora, hasta julio de 2025, una suba aproximada del 146%.

Sosa ha asegurado que los aumentos en las boletas de los usuarios han sido superiores no solo a los aprobados por los concejales, sino también a «cualquier indicador que mida la condición de vida de los usuarios». Un indicador cualquiera podría ser la inflación y, entre diciembre de 2023 y julio de 2025, período en el que están cumpliendo funciones los concejales, la inflación acumulada fue del 220%.

Botta, que tampoco ha levantado la mano, ha hablado menos. Ha coincidido con Sosa en que falta información y ha pedido que las autoridades de la Cooperativa vayan al Concejo con los datos. Y ha dicho que es una «canallada», una avivada, jugar con un derecho esencial como el agua y meter en una misma discusión el aumento de la tarifa y el plan de obra para barrios que, desde hace años, no tienen servicio.

Después, pasarán los días y será septiembre.

Han pasado los días y se sabe que es cierto: los montos de las boletas de los usuarios no tienen nada que ver con los incrementos aprobados por el Concejo ni con la inflación. En las boletas, el aumento entre diciembre de 2023 y julio de 2025, supera el 300% en promedio.

Hay ejemplos.

Un domicilio en el centro sur pagó, en diciembre de 2023, $3.928,90. Y, en julio de 2025, $15.041,89. La suba fue del 383%.

Otro en barrio Almirante Brown pagó, en diciembre de 2023, $2.094,90. Y, en julio de 2025, $11.886,09. La suba fue del 567%.

Uno de barrio Rivadavia pagó, en diciembre de 2023, $5.587,20. Y, en julio de 2025, $18.181,50. La suba 325%.

Hay más ejemplos.

Barrio Diciembre 2023 Julio 2025 Suba

Ameghino $44.941 $175.690,99 391%

N. Avellaneda $2.960,60 $15.327,57 518%

S. J. Bautista $6.488,80 $23.409,80 361%

Botta $2.432,50 $10.516,50 432%

Ahora es diez de septiembre, once de la mañana y acaba de comenzar la Audiencia Pública. En una Audiencia Pública, como esta, se escucha a vecinos, a vecinas. Hablarán seis personas. Lo que diga la primera será suficiente, preciso, exacto.

—Invitamos a quien quiera hacer uso de la palabra —dice Inglese.

Hay un hombre que toma el micrófono y se para frente a los concejales. Se llama Javier Octavio Sosa, concejal de Villa María por el Partido Justicialista entre 1991 y 1995, expresidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) de 2001 a 2004 y, entre 2003 y 2004, vicepresidente de la Asociación Federal de Ente Reguladores de Servicios Públicos y Saneamiento de la República Argentina (Aferas).

Para determinar el cuadro tarifario del servicio hay que conocer la diferencia entre el costo operativo y la rentabilidad de la Cooperativa, que tiene más de 40 mil contribuyentes. Para eso, los concejales tienen que tener la estructura de costos y la facturación. Solamente tienen la estructura de costos.

—Es imposible analizar una estructura tarifaria por la sencilla razón de que no tenemos el componente de la facturación. Entonces, si no sabemos cuánto gana no sabemos si lo que está pidiendo tiene algún grado de razonabilidad o no —dice Javier Octavio Sosa.

Él, después, hace historia y cuenta que, particularmente con el expresidente Carlos Menem, se genera un proceso de privatización y los servicios públicos, que habían sido prestados por los Estados, pasan a empresas privadas. Cuando el servicio se entrega a privados se vuelve necesaria la regulación que, hasta entonces, no existía.

—La Constitución Nacional hace referencia a los monopolios naturales. ¿De qué está hablando la Constitución Nacional? De la Cooperativa 15 de Mayo. ¿Y qué dice la Constitución Nacional? —sigue Sosa.

La ley máxima dice que es necesario verificar el servicio, la calidad, controlarlo, auditarlo y conformar asociaciones de usuarios y consumidores.

—Cuando el servicio público pasa a manos privadas, en los casos de los monopolios naturales, y el usuario consumidor está sometido a la tarifa que impone la empresa privada, si no hay un estado árbitro, la relación es salvaje —dice.

El hombre, que ya ha hablado unos diez minutos, llega adonde quiere llegar, a la decimoctava cláusula del contrato de concesión que establece la conformación de un Ente de Control del servicio de la prestación de agua potable en Villa María, que deber estar integrado por representantes del Ejecutivo Municipal, de la Auditoría General y por un auditor vecinal,

—En estos años nunca se puso en marcha el órgano de control.

Y hace preguntas. Varias.

—¿Qué fue esto? ¿Un olvido? ¿No se dieron cuenta? ¿No leyeron el contrato? ¿Se puede suponer eso? ¿O puedo, haciéndome cargo de las palabras que digo, empezar a sospechar? ¿Por qué no se pone en funcionamiento el control? ¿Por qué no revisamos los números? ¿Por qué no analizamos cómo se compone el cuadro tarifario de la cooperativa? ¿Por qué no hacemos la ecuación económica financiera entre lo que factura y lo que le cuesta el servicio?

Después supone la facturación de la cooperativa.

—Estimo trece millones de dólares, catorce, quince, diecisiete o dieciocho millones de dólares al año que está facturando hoy la Cooperativa. Me permito suponerlo porque no lo sé. Los concejales tampoco lo saben. Sobre esos números, ¿cuáles son los niveles de rentabilidad? Los desconocemos.

Javier Octavio Sosa insiste.

—Si no hay control, si no regulamos, si no conocemos lo que facturan, sospecho que hay negocios de corrupción entre la Cooperativa de agua potable y el Poder Ejecutivo —dice y dice que no tiene pruebas porque, de tenerlas, estaría en la Fiscalía.

Sosa también les hace sugerencias. Les sugiere que constituyan el órgano de control y les explica que, a los órganos de control no los paga el Estado, sino los pagos que hace la empresa concesionaria. Y, por último, les sugiere que creen una oficina de atención al público para que los vecinos, las vecinas, puedan pedir explicaciones, para que puedan saber si la aplicación de la tarifa que el Concejo aprueba es la que le llega a la gente a su casa.

—¿Cómo sabemos que la Cooperativa no sobrefactura? ¿Quién sabe? Nadie —se pregunta y se responde.

Lo último que hace Javier Octavio Sosa es repetir.

—Les vuelvo a rogar, les vuelvo a implorar: constituyan un ente regulador.

No es poca cosa. Se ruega, se implora, cuando ya es tarde. O, más bien, cuando lo que no debe pasar, está a punto de pasar.