Horacio Terreno está en la cárcel, acusado por lesiones leves calificadas, privación ilegítima de la libertad agravada, amenazas y desobediencia a la autoridad, todos delitos en contra de su esposa.
—Fueron situaciones muy traumáticas —dice.
Es la mañana del último día de julio y el abogado Alejandro Bianco está hablando de lo que pasó, durante más de veinte años, en una casa en calle Mendoza 1400, a metros del bulevar Alvear, en el centro este de Villa María. En esa casa vivía, y tenía su estudio, el abogado Horacio Roque Terreno, de sesenta y dos años, a quien policías detuvieron por violencia de género hace una semana en otro domicilio, un departamento de Rawson 1200, en barrio Almirante Brown, adonde se había mudado luego de que fuera denunciado, a principios de mes.
Terreno, que es defendido por el abogado Marcelo Martín Silvano y ya está en la cárcel, está acusado por lesiones leves calificadas, privación ilegítima de la libertad agravada, amenazas y desobediencia a la autoridad. La víctima es su pareja, de cincuenta y siete, con quien no tiene hijos. Ella no lo denunció. Se enteró, pasados unos días, quién lo había denunciado.
—La denuncia fue realizada en momentos de feria judicial por una empleada doméstica que trabajaba en la casa. Visibilizaba una situación, ya insostenible —comenta el abogado, que representa, como querellante particular, a la víctima.
Bianco pidió que se reúna más prueba.
—Que se tomen testimonios, que se hagan encuestas vecinales.
La idea es ampliar la imputación.
—Era una persona controlada permanentemente, en lo económico, en lo afectivo.
Le habían coartado todo tipo de relación. Ahora, desde el Polo de la Mujer, la están conteniendo.
—Una de las cuestiones por la cual ella se encuentra sola, es que se abocó, directamente, siempre, a él. Ha quedado, prácticamente, sin ningún tipo de recurso —sigue Bianco, que piensa en los más de veinte años de relación entre la víctima y Terreno, en que el expediente no se convierta en un «relato escueto», en que las páginas del expediente demuestren lo que ha sucedido en ese tiempo.
Se investiga la existencia de facturas apócrifas por «abultadas sumas de dinero». Los procedimientos se desarrollaron hoy en tres domicilios de Villa Nueva y en uno de Villa María. Se secuestraron computadoras y celulares.
El gobierno local informó que detectaron «un modus operandi relacionado con la utilización de facturas apócrifas». La causa es instruida por la Fiscalía de Segundo Turno, a cargo de Juliana Companys.
El joven recibió la pena máxima por el femicidio de Catalina Gutiérrez, sucedido en julio de 2024.
