Rodrigo Santi, ex instructor de bomberos de La Playosa, tiene 32 años y vive desde fines de diciembre de 2025 en un departamento del centro sur de Villa María
A Rodrigo Santi lo acusan por abuso sexual simple, tenencia de pornografía infantil, abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores. Las víctimas son al menos cinco y menores.
A Rodrigo Santi, la mañana del sábado 29 de diciembre de 2024, policías lo detuvieron en su casa de La Playosa, un pueblo del centro este de Córdoba que tiene unos tres mil habitantes.
Por esos días, lo trasladaron a la cárcel de Villa María.
Él, de treinta y dos años, conocido por algunos como “Lolo” y por otros como “Loli”, era instructor de la Escuela de Capacitación de Bomberos Voluntarios de La Playosa y también capacitaba cadetes a nivel nacional.
Después de estar un año preso, Rodrigo Santi confesó todos los hechos y solicitó un procedimiento penal que se llama abreviado inicial. Los abreviados iniciales no son habituales después de un año de investigación (porque se hacen al principio del proceso), pero él tuvo la posibilidad de admitir lo que hizo y, al admitirlo, tiene la posibilidad de recibir una pena menor. Se estima que serán ocho años de condena, pero antes será decisión de la Soledad Dottori, la Jueza de Control, decidir si acepta el abreviado inicial.
Mientras tanto, Rodrigo Santi ya no está más en la cárcel.
Teodora Perassi es su abogada y el viernes 19 de diciembre de 2025 presentó un escrito ante la Fiscalía de Segundo Turno, a cargo Juliana Companys, y pidió prisión domiciliaria para el acusado. La pidió porque según un informe del psicólogo Pedro Rodríguez —citado por la defensa (no hubo pericia oficial)—, Santi presenta un grave deterioro en su salud psíquica: en la cárcel perdió el interés por cualquier tipo de actividad, sintió culpa, desesperanza, un vacío existencial y tuvo problemas cognitivos. El informe habla de depresión y, específicamente, de un subtipo de depresión denominado «melancolía». Tres días después del pedido de prisión domiciliaria, Companys, que tiene a cargo la causa, la otorgó. Y no solo la otorgó, sino que previamente obstaculizó la visualización del expediente a la querella —abogado de la madre de una de las víctimas— y recién permitió que acceda una vez que la domiciliaria había sido concedida.
Por la defensa de Santi pasaron varios abogados antes de Perassi. Las irregularidades aparecieron con la llegada de Alejandro Bianco, un abogado que se matriculó el 23 de julio del año pasado y estuvo a cargo de la defensa de Santi. Él, durante años, había sido funcionario de Companys y si bien no fue instructor de esta causa, la conocía.
La madre de una de las víctimas, constituida como querellante y representada por el abogado José Tomás Corigliano, denunció ante el Colegio de Abogados a Bianco por vulnerar principios esenciales de lealtad, corrección y probidad que rigen el ejercicio de la abogacía.
Desde el lunes 22 de diciembre de 2025, Santi vive en un departamento de calle Mendoza 400, casi bulevar Cárcano, en el centro sur de Villa María. Ese departamento, donde Santi está sin tobillera, está a dos cuadras de la escuela primaria José Bianco y a seis del instituto Bernardino Rivadavia. Ahí nomás de la Costanera también.
Esta tarde policías allanaron el departamento donde estaba cumpliendo domiciliaria y secuestraron un celular y un módem. De este modo, al incumplir las condiciones que se le habían impuesto para acceder al beneficio, regresa al penal.
Si bien la fiscal Companys aseguró que el imputado, exbombero de La Playosa, sí cuenta con el dispositivo, la información no aparece en el oficio que se envió a la cárcel para solicitar la domiciliaria. La querella tampoco fue notificada.
