Sociedad

El Municipio destina de forma discrecional más de 500 millones en pauta para medios

"Hoy, el Estado tiene todo un aparato que le permite, perfectamente, hacer difusión de manera muy rápida, efectiva", dice el abogado y doctor en Comunicación Daniel Koci. Sin embargo, los Estados siguen destinando dinero a los medios para difundir los actos de gobierno. ¿Por qué? La historia, acá.

El intendente Accastello junto a otros funcionarios en el brindis por el Día del Periodista.

Antes era distinto.

—El Estado, hace ya bastantes años, tenía solamente el Boletín Oficial y algunos medios públicos para dar a conocer los actos de gobierno —dice Daniel Koci, abogado y doctor en Comunicación.

Ahora es así: la Municipalidad de Villa María —como Estado Municipal— tiene, además del Boletín Oficial, el portal web (www.villamaria.gob.ar), un Facebook, un Instagram y una cuenta en X para hablar de sí misma, para mostrarse, para narrarse. Y cada una de las dependencias municipales, también. En Instagram tienen cuentas las secretarías de Gobierno, Cultura, Educación, Turismo, Deporte, Desarrollo Humano, Salud, Prevención, Seguridad y Convivencia Urbana, Desarrollo Productivo, Infraestructura y Servicios Urbanos. Y tienen cuentas, además, buena parte de los funcionarios que las dirigen.

—Hoy, el Estado tiene todo un aparato que le permite, perfectamente, hacer difusión de manera muy rápida, efectiva.

Los números dicen que a la Municipalidad la siguen, en Instagram, más de 57 mil perfiles. A la mayoría de las secretarías las siguen, en promedio, entre 2 y 5 mil, como a la mayoría de los secretarios. Hay alguna que otra excepción, como Turismo y Deporte, con alrededor de 14 mil. Otra excepción es el intendente, con poco más de 16 mil.

En Villa María —incluida Villa Nueva—, entre diarios, revistas, radios, portales web y canales de televisión existen más de cincuenta medios de comunicación. La mayoría no supera los 5 mil seguidores. Sin embargo, existen otros, los menos, los que tienen más años, con bastantes más: uno de esos medios tiene casi 100 mil seguidores y otro apenas superó los 100 mil.

Cuando un Estado decide difundir su gestión —o la de sociedades del estado y entes descentralizados—, lo hace a través de los medios, de todos los que puede. Para eso, si bien no es un deber hacerlo, asigna dinero, fondos públicos: lo que se llama pauta publicitaria.

—Si da pauta es porque quiere destinar fondos públicos a eso. Es una decisión política —comenta Koci.

Él, que además es profesor de Derecho a la Información en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), explica lo que ya ha dicho la Corte Suprema y distintos fallos judiciales: que, si bien el Estado no está obligado a dar pauta, cuando la da, no puede hacerlo de manera discriminatoria.

—El mayor problema es la transparencia de la pauta. No existe ni un decreto, ni una reglamentación, ni una ley que establezca requisitos o condiciones objetivas para asignarla —sigue.

Con requisitos o condiciones objetivas, Koci se refiere, por ejemplo, a la circulación del medio, la cantidad de suscriptores o de likes o de seguidores, las visualizaciones, el alcance.

Entonces, como no hay una norma, se asigna pauta de manera discrecional: es decir, de acuerdo al criterio —no se sabe cuál— de alguien o de algunos.

En cualquiera de los primeros seis meses de 2025, el Estado Municipal asignó 44.733.200 pesos en pauta publicitaria.

El monto más grande lo destinó a un medio provincial: Cadena 3 recibió, por mes, 6.050.000 pesos. Lo siguieron El Diario del Centro del País (papel) con 4 millones, Radiodifusora Villa María con 3.100.000, La Voz del Interior con 3.025.000, Villa María Ya (Alexis Rinero) con 2.200.000, Villa María Vivo (Andrés Ferreras) con 2.100.000, C20 con 2.050.000, Lagarto Show con 2 millones, Diario Alfil con 1.400.000, Puntal con 1.100.000 y Noticias D y Somos TV con un millón.

El Diario del Centro del País también recibió, por mes, 700 mil pesos por su portal web. Lo mismo pasó con Puntal, al que le asignaron 400 mil. Entre los medios digitales, le siguieron Perfil Córdoba con 600 mil, Comunicación Positiva con 500 mil; El Regional, Aquí Las Noticias, La Política Online y Miguel Andreis con 450 mil; VM Noticias con 400 mil, Fibra con 350 mil, Política Córdoba Verdad con 270 mil, Eleccionario VM con 230 mil y Mundo Empresas con 200 mil; Tribuna, Qué pasa VM, Desatec Web y News Magazine con 150 mil, La Posta con 140 mil; Revista Wam y Juan Seia con 90 mil; Plus Villa María con 80 mil y Marco Salva con 50 mil.

Con las revistas sucede lo siguiente: Revista Sur recibió 350 mil, Cátedra Libre 320 mil, Revista Claves 200 mil y Revista Educando 130 mil.

En el caso de la televisión, a Canal C20 le asignaron 600 mil, a Redacción Abierta (Córdoba) 508.200 pesos, al programa TV Pioneros (Constanza Vogler) 350 mil, a Gustavo Caroni 320 mil, a Leo Roganti 280 mil y a Mariana Corradini 250 mil.

Entre las radios aparecen Luna Cecilia Soledad con y Radio Show con 550 mil, FM Centro con 400 mil, Radio Activa con 350 mil, Miguel Ángel Juan con 340 mil, la Radio de El Diario del Centro del País y Radio Regional con 300 mil, FM Metrópolis (Roque Ariel Grande) con 280 mil, Radio de La Mujer con 250 mil, Grupo Metrópolis (Juan José Romitti) con 250 mil y Miguel Bazán con 230 mil.

Cuando las noticias que se producen son en función de la pauta, hay problemas.

—Ese es el tema: si son medios que se crean y sostienen de la pauta. El problema no es recibir pauta y la pauta tampoco se puede transformar en un subsidio. Lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —dice Koci.

La finalidad es, siempre, difundir actos de gobierno. Eso no significa que no se pueda decir aquello que no informa el Municipio. Sin embargo, los medios de comunicación que dependen de la pauta, ¿qué opinión disímil pueden tener contra su fuente de financiamiento?

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—La pauta, verdaderamente, no funciona como un instrumento que garantice ni pluralidad ni diversidad de voces. Si no, todo lo contrario —sigue diciendo.

Luego, piensa en lo que se podría hacer.

—Habría que presentar una ordenanza regulando la pauta.

Y habría, dice, hablar de otras exigencias. Habría que preguntarse, por ejemplo, quién puede recibir pauta. Habría que preguntarse por las incompatibilidades: ¿Pueden recibir pauta las personas que tiene medios de comunicación y que trabajan, al mismo tiempo, como funcionarios públicos?

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—Es importante analizar el tipo de medio. Es muy cuestionable que los medios privados que son sostenibles económicamente reciban mayor pauta que el tercer sector. Pero bueno, es una política también —dice Koci.

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En Villa María, hasta julio, los montos de la pauta se establecían por resolución. Eso significa que había que esperar la autorización de los integrantes del Tribunal de Cuentas para contratar. Significa que había una auditoría. Desde agosto, las cosas cambiaron. Ahora, solo la pauta que supera determinado monto va por resolución. En los casos en los que la pauta es por montos más chicos, se resuelve por contratación directa y no se necesita autorización del Tribunal de Cuentas: a los tribunos les llega la factura, la orden de pago y la orden de compra. Esa es la forma que tiene el gobierno municipal de evitar controles. Así ejerce poder: fragmenta y, al fragmentar, impide que el control sea total.

—Es la manera de ser mucho más discrecionales en el gasto —explica Koci.

Por eso, para este segundo semestre, la información es menor. De los más de cincuenta medios de comunicación de los que se disponían datos, ahora hay catorce.

Por mes, de agosto a fin de año, Cadena 3 recibirá 6.750.000 pesos, El Diario del Centro del País 5.700.000, La Voz del Interior 5.164.600, Radiodifusora Villa María 4 millones, Telecor SACI 3.630.000, Villa María Ya 3 millones, Cooperativa Compartir 2.900.000, Villa María Vivo 2.750.000, Informar SA 1.750.000, Diario Alfil 1.700.000, TEEMA FCO SAS 1.694.000, GUÍA D 1.464.125, Pensado para Comunicar SRL 1.250.000 y Renato Braconi 1.089.000.

Son, por mes, 42.831.725 pesos.

Son, por seis meses, casi 257 millones de pesos.

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—En Argentina hay numerosos fallos de la Corte Suprema sobre el tema de la pauta. En aquellos casos en que ha sido suprimida de manera arbitraria, la Corte ha dicho que es una forma de censura indirecta y ha ordenado dejar de asignar de manera arbitraria esa pauta. Y, a su vez, ha exigido que el gobierno, el que sea, debe establecer una propuesta para recomponer toda la pauta no entregada. Y eso es algo muy interesante porque tiene que ver con lo que se llama tutela judicial efectiva —describe Koci.

Cuando se le pide pauta a la Municipalidad de Villa María, el gobierno exige, más allá de la cobertura de las actividades oficiales, que se les avise cuando se va a publicar algo con lo que puedan no estar de acuerdo. Y, en los casos en que se publica sin avisar, exigen que la nota se baje.

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A fines de 2015, el Concejo Deliberante de Villa María sancionó la ordenanza 6.973, que habla de «una nueva forma de interrelación entre la gestión pública municipal y la ciudadanía», basada en la transparencia. Establece un paradigma al que denomina Gobierno Abierto» y que incluye no solo al Departamento Ejecutivo Municipal, sino también a las dependencias, al Concejo, al Tribunal de Cuentas, la Auditoría, los entes autárquicos, las sociedades del estado, las sociedades anónimas con participación estatal y las sociedades de economía mixta.

La ordenanza cuenta que, entre otras, la información pública que debe difundirse es aquella contemplada en «el presupuesto municipal, con descripciones sobre su contenido y datos sobre su ejecución». Además, deben aparecer las partidas presupuestarias de los distintos departamentos y organismos públicos, y toda aquella información pública de interés para la gente. Y, toda esa información, debe mostrarse, según la norma, de forma «abierta, veraz, amplia y amigable».

A pesar de la ordenanza de «Gobierno Abierto», hay otra ordenanza, del año 1997, que nunca se actualizó. Es la ordenanza 3.972 de acceso a la información pública que no define qué es la información pública. Solo dice que todos los vecinos tienen el derecho de solicitar y obtener información de cualquier área del Estado Municipal —o sus organismos independientes— y explica cómo deben pedirla.

Uno de los artículos más importantes es el quinto, donde se describe el recorrido: el pedido de información a un área es recibido por el secretario que, luego, la envía a la persona a cargo de la dirección del área para que responda: esa persona tiene hasta sesenta días y puede prorrogar por sesenta más si explica por qué. Si la información no es entregada, la última instancia para solicitarla es el intendente. Y, con el intendente, se agota la vía administrativa.

Una actualización es necesaria para que se aggiorne a la ley provincial 8.803 donde hay más precisiones, donde se nombra a la información como «cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como las actas de reuniones oficiales» y donde se establece que esa información puede consistir en documentos escritos, fotografías o grabaciones, o estar en soporte magnético, digital o en cualquier otro formato.

Los plazos, en este caso, se reducen de sesenta a diez días y está la posibilidad de presentar un recurso de amparo.

—Hay muchos proyectos de ley para reformar la ley 8.803, que están en la Legislatura —dice Koci.

En cambio, en Villa María, para pensar el acceso a la información pública no solo no hay proyectos. No hay ideas.

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Cada tanto, por la noche, la Municipalidad envía al grupo de WhatsApp donde se encuentran los periodistas de la ciudad un mensaje con la agenda del día siguiente: mañana a tal hora, en tal lugar, se anunciará tal cosa, estarán tales autoridades y habrá desayuno para la prensa. Al día siguiente entonces, casi siempre con demora, en ese lugar, hay periodistas que llegan, acercan los micrófonos a las autoridades, las autoridades hablan y cada vez hay menos repreguntas. Minutos después —u horas después—, en los diarios digitales, en las radios, en los canales, la misma noticia se reproduce de la misma manera.

Así ejerce poder el gobierno municipal: convierte su agenda y sus discursos en la de los medios.