La UNVM adhirió al proyecto de ley de financiamiento universitario

El objetivo es que se asegure un piso básico de recursos económicos para las casas de altos estudios de gestión estatal sin recurrir a nuevos impuestos ni comprometer el equilibrio fiscal del país.

La Universidad Nacional de Villa María (UNVM) adhirió al proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria que busca asegurar un piso básico de recursos económicos para las casas de altos estudios de gestión estatal sin recurrir a nuevos impuestos ni comprometer el equilibrio fiscal del país.

El documento, que obtuvo el voto unánime del Consejo Superior, refleja la «situación crítica y de alta incertidumbre» que atraviesan las universidades nacionales y expone que la iniciativa presentada ante el Congreso de la Nación a fines de mayo «representa un paso fundamental hacia la recuperación del sistema universitario público argentino porque propone un financiamiento adecuado para su funcionamiento».

Por otra parte, ratifica el estado de alerta y movilización de los diferentes claustros, y advierte que la desinversión y desfinanciamiento «comprometen la calidad académica, el acceso equitativo a la educación superior, la permanencia del estudiantado en las aulas, las condiciones laborales, la formación de investigadoras e investigadores, la producción científico-tecnológica y la construcción colectiva de saberes con el territorio».

 

El proyecto de ley

El proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria se consensuó a partir de un trabajo conjunto entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.

La iniciativa, compuesta por 12 artículos, aborda cuestiones vinculadas a recomposición salarial, paritarias, gastos de funcionamiento, financiamiento, fondos para carreras estratégicas, becas y participación en el PBI. Se presentó el 28 de mayo ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación y tiene como objetivo garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas en todo el territorio de la República Argentina.

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