Piden destituir a la fiscal Juliana Companys

Era viernes, primero de septiembre de 2023, una de la tarde. Alicia Peresutti, ex auditora general de Villa María y en ese momento directora de Relaciones Institucionales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, había salido de dictar un taller en la Escuela del Trabajo y estaba haciendo las compras en un supermercado chino. Afuera, por decisión de la fiscal Juliana Companys, la esperaban policías para detenerla: la acusaban por fraude a la administración pública, peculado, falsificación de instrumento privado y asociación ilícita. La trasladaron a la cárcel de Bouwer donde pasó cinco días, hasta que la jueza de Control Soledad Dottori, ordenó su libertad.

Peresutti, que asegura ser una perseguida judicial, solicitó el jury de enjuiciamiento para Companys, fiscal del Segundo Turno de Villa María por negligente, violenta, antijurídica. El pedido lo presentó, con el asesoramiento del abogado Dionisio Centeno, a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de Córdoba, a través de la plataforma Ciudadano Digital. El Expediente es el 45666/N/26. 

Sin embargo, la solicitud para que la destituyan —dice— no es solo por ella ni por el hecho de que la fiscal haya impedido que sigan funcionando “Vínculos”, que asistía a víctimas de trata, “Mamá Antula”, que protegía a niños judicializados, y “Natareth”, que recuperaba a personas con problemas de consumo de droga.

Hay gente que dice, que ha dicho, que ratifica cosas. Hay testimonios y dicen que, cuando en una causa no se declaraba lo que ella esperaba, los intimidaba a los gritos y amenazaba con meterlos presos. Otros dicen que en ocasiones las indagatorias se prolongaban por más de cinco horas sin ningún criterio y sin que las personas indagadas puedan ir al baño, beber agua o comer. También dicen que la fiscal hacía que colocar un arma en la mesa donde declaraban los testigos o que hacía tintinear el metal de las esposas para amedrentarlos. Dicen, incluso, que secuestró celulares de abogados y violó la confidencialidad —el secreto profesional— con los imputados. Dicen que ha llegado a amenazar a familiares para que desbloqueen los teléfonos.

Otros siguen hablando, todavía, del caso de Rodrigo Santi, un exbombero de La Playosa, que confesó delitos de abuso sexual simple, tenencia de pornografía infantil y abuso sexual con acceso carnal a menores, al que la fiscal le otorgó prisión domiciliaria sin consigna judicial ni tobillera electrónica. Siguen hablando de que la fiscal, en un comunicado a Cadena 3, afirmó que Santi tenía tobillera cuando, en realidad, se la colocaron después de que el caso tomó estado público.

Algunos recuerdan el documental “El vendedor de ilusiones”, estrenado en Netflix en 2024, que aborda la causa “Generación Zoe”, cuyo principal acusado es Leonardo Cositorito. Quienes recuerdan hablan del prejuzgamiento y, sobre todo, de que la causa se pone en peligro al estar en curso, aún, la investigación. También hablan de que la fiscal nunca negó haber recibido honorarios por su actuación y mencionan que se utilizaron dependencias de la Fiscalía a espaldas del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía General. Hablan, entonces, de las similitudes con el caso de “Justicia Divina”, el documental que se estaba filmando sobre las responsabilidades respecto de la muerte de Diego Maradona, en el que la jueza Julieta Makintach, de la provincia de Buenos Aires, aparece y es destituida de su cargo porque se generaron dudas sobre su imparcialidad. A ella se la sancionó con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Hay más testimonios y dicen que personal de la Fiscalía de Companys ingresaba a domicilios que se allanaban y se tapaban la cara con cascos para motos y hasta con una máscara del hombre araña. Dicen que hay una filmación.

Muchos hablan de que sus detenciones son indebidas, arbitrarias, intempestivas. Tantos, quizá, se acuerdan del operativo a Vinerías Valfré. Estacionaron en el negocio cinco vehículos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y se bajaron diez policías armados. AERCA, la cámara empresaria de Villa María, calificó el procedimiento como “un espectáculo mediático, antidemocrático, peligrosamente arbitrario”.

Hay una nota firmada por 130 abogados que el Colegio de Abogados de Villa María elevó al Tribunal Superior de Justicia, a la Fiscalía General y al Ministerio de Justicia, en la que se describe el “actuar irregular” de la fiscal. Hasta el momento, nadie se expidió.

La fiscal tiene llamados de atención del Tribunal de Ética Judicial. Uno es por cuestionar a los integrantes de la Cámara del Crimen de Villa María por haber declarado nula la elevación a juicio de la causa “Generación Zoe”, a fines del año pasado. La fiscal dijo que los camaristas actuaron “peligrosamente, con alevosa arbitrariedad y con la intención de dilatar el enjuiciamiento por motivos poco claros”. El Tribunal dijo que ella no fue prudente ni cortés y aclaró que si bien puede haber diferencias con un fallo, no se deben plantear a través de un comunicado de prensa. Mientras, Companys tiene otros cuatro llamados de atención.

Foto de portada: Gentileza La Voz del Interior