La presión pública obligó a revisar la ordenanza y eliminaron los artículos más polémicos

Este jueves, concejales del oficialismo aprobaron el proyecto de ordenanza que legisla distintos aspectos vinculados con la problemática animal. En este sentido, hubo cambios en la norma original, debido a que la opinión pública hizo fuertes cuestionamientos.

Entre los cambios más relevantes introducidos se encuentra la eliminación de dos prohibiciones que habían generado críticas previo a la votación en el Concejo Deliberante. La versión original impedía expresamente alimentar animales en la vía pública y también prohibía instalar o construir refugios, o cualquier otro elemento que sirviera de cobijo o habitación para animales en la calle. Ambos incisos fueron eliminados del texto definitivo.

Otro de los cambios importantes fue el artículo sobre la guarda de animales. En el proyecto original se establecía un límite de hasta cinco mascotas por vivienda y, para superar esa cantidad, era necesario solicitar autorización municipal. En la versión aprobada ese límite fue eliminado y la cantidad de animales pasó a depender de las condiciones de espacio, higiene y bienestar.

También se modificó el artículo referido al Fondo para la Preservación Animal, que estaba constituido por los ingresos percibidos por el 100% de las multas derivadas de las sanciones.

Tras las críticas sobre la ausencia de un presupuesto propio para implementar la ordenanza, se estableció que los recursos provenientes del Fondo son complementarios y que no podrán reemplazar la partida presupuestaria destinada al área.

¿Por qué a pesar de los cambios sigue siendo cuestionada la ordenanza?

La ordenanza no aborda de manera integral la problemática de la sobrepoblación animal. Si bien incorpora la figura del "animal comunitario", no establece una estrategia concreta sobre cómo se actuará frente a esa realidad ni qué políticas se implementarán para reducir la cantidad de animales que viven en la calle.

Por el contrario, regula la actividad de los criaderos y establece requisitos para su habilitación. 

Esto resulta contradictorio frente a una problemática marcada por el abandono y la gran cantidad de animales sin hogar.

La norma pone el foco en un régimen de sanciones para los ciudadanos. Prevé multas por incumplimientos que van desde no recoger las deyecciones de las mascotas, no inscribirlas en el registro municipal o no castrarlas, hasta publicar la venta o donación de animales sin la habilitación correspondiente y los casos de maltrato animal, entre otras.

Las multas se clasifican en leves, graves y muy graves, con montos que van desde los $200.000 para las infracciones leves, hasta $1.000.000 para las graves y $2.000.000 para las consideradas muy graves.

En el debate de los últimos días, el Ejecutivo y Legislativo oficialista hicieron hincapié en que el Municipio castra entre 20 y 30 animales por día y cuestionaron a la gente que cancela los turnos. No hubo una autocrítica sobre la política municipal de castraciones ni un análisis de las razones por las que hay vecinos que no acceden a ese servicio.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por concejales de la oposición fue la falta de participación ciudadana.

¿Por qué el oficialismo no habilitó una instancia de discusión más amplia sobre la iniciativa? ¿Por qué desde el oficialismo se calificó a algunos ciudadanos que participaron del debate como “militantes políticos”? ¿Se intenta deslegitimar la participación ciudadana al asociarla únicamente con una postura partidaria?

Uno de los aspectos que no fue modificado es la prohibición del ingreso y permanencia de perros y gatos en restaurantes, bares, cafeterías y demás locales donde se elaboren, comercialicen, almacenen, transporten o manipulen alimentos. La ordenanza además considera esta conducta como una falta muy grave, sancionada con multas de $2 millones.

Otro artículo que mantiene la ordenanza prohibe “vender o hacer donación de animales mediante revistas, periódicos o publicaciones asimilables sin la habilitación correspondiente”. Quienes incumplan cometerán una falta leve y serán multados.

Entonces, ¿no se podrán hacer publicaciones sobre adopciones sin habilitación municipal?