La acusaron de ser Uber y quisieron secuestrarle el auto a pesar de no ser chofer de aplicaciones

Sobre el bulevar Alvear, casi esquina Santiago del Estero, hay dos mujeres. Ellas están esperando que llegue otra mujer en un auto Fiat Cronos blanco para llevarlas a San Antonio de Litín, un pueblo del este de Córdoba, donde viven. La mujer llega, ellas se suben y, antes de que comience el viaje, se acerca una agente de la Guardia Local que le pide la documentación: la licencia, la cédula, la póliza de seguro. La conductora abre la ventanilla, entrega los papeles, la agente los mira, se los devuelve y se va. Es la mañana del lunes 10 de agosto y falta poco para el mediodía.

La mujer —la conductora— trabaja para un negocio de Comisiones y Traslado de Pasajeros en San Antonio de Litín. Y, con frecuencia, vienen a Villa María: traen paquetes, gente al Hospital Pasteur, comerciantes a buscar mercadería, estudiantes. La mujer, que ahora piensa en comenzar con el viaje, tampoco puede porque se acerca otro agente de la Guardia Local, un hombre.

—¿Así que está haciendo de Uber, usted? —le pregunta.

La mujer le explica.

—No me mienta —sigue el agente.

El agente, después, le avisa que le va a secuestrar el auto.

La mujer se niega.

—A mí no me vas a secuestrar el auto —le contesta.

La mujer cierra la ventanilla y se va.

La hermana de la conductora, que vive en Villa María, habla de los controles.

—Se están yendo de mambo —dice.

E intenta explicar que, en el pueblo, donde no hay remiserías registradas ni otra manera de trasladarse, más allá de los vehículos particulares, el negocio de Comisiones y Transporte de Pasajeros funciona: resuelve.

—Quedó en una anécdota, pero pensé en contarlo porque, si le sacaban el auto a ella, se cagan en un pueblo de 2.500 habitantes que no tiene otra cosa para movilizarse. Es lo único para que la gente pueda venir a comprar, al hospital, a estudiar, para que pueda enviar cosas.