Denuncian a Bianco y piden desarchivar una causa de Accastello

El abogado Alejandro Bianco fue empleado de la fiscal Juliana Companys, del Segundo Turno de Villa María, en el momento en que ella, a poco de asumir, le archivó las causas al intendente Eduardo Accastello. Bianco trabajó hasta mediados del año pasado en la Fiscalía y, cuando renunció, no solo ejerció en un estudio jurídico. También empezó a facturarle dos millones de pesos a la Municipalidad como asesor jurídico de intendencia.

Él lo hizo, por lo menos, hasta diciembre de 2025, cuando se conoció que había asumido —apenas renunció a la Fiscalía— la defensa de Rodrigo Santi, bombero que confesó abusos sexuales a menores y al que Companys, que lo investigó, le dio prisión domiciliaria. Por aquellos días, a Bianco, que conocía la causa por haber estado en la Fiscalía, lo denunciaron ante el Colegio de Abogados por vulnerar principios esenciales de lealtad, corrección y probidad que rigen el ejercicio de la abogacía. 

Las situaciones son similares porque él queda en posiciones similares. Después de estar en la Fiscalía, defiende a un acusado investigado por esa Fiscalía y asesora al intendente cuyas causas fueron archivadas, justamente, por la misma Fiscalía.

Ahora hay una nueva denuncia contra Bianco —detenido desde el 13 de mayo por coacción y supresión de prueba en otra causa— que, por un lado, lo expone por su forma de trabajar y que, por otro, abre preguntas sobre las causas archivadas del intendente porque lo que sucede con las facturas genera dudas sobre los procedimientos de la fiscal Companys. Esta nueva denuncia, en la que también se solicita que sea desarchivada una de las causas en la que está sospechado del intendente, es por la posible comisión de delitos contra la administración pública, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y enriquecimiento ilícito.

Esa causa archivada que se requiere tiene que ver con la obra pública: con la remodelación del Anfiteatro y de un sector de la Costanera, con la construcción del Puente Juan Domingo Perón y con un convenio para pavimentar 150 cuadras. Las preguntas se ciñen al manejo de los fondos públicos nacionales recibidos por el Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional (Eninder), creado por Accastello, que fue disuelto en 2017 tras denuncias por irregularidades. Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) mostró que la Municipalidad de Villa María había sido la más beneficiada en el reparto de obras.

La denuncia, formulada por Javier Octavio Sosa, iba a ser investigada en Río Segundo, donde Bianco ya estaba siendo investigado por la jueza de Control María Licia Tulián y a la fiscal Patricia Bauliés. Sin embargo, al haber sido apartadas las dos funcionarias por decisión de la Cámara de Apelaciones y las causas derivadas al Fuero Anticorrupción, la nueva denuncia, por competencia territorial, será investigada en Villa María y en la Fiscalía de Companys porque, el día que ingresó, ella estaba de turno.