¿De qué lado se van a parar los concejales?

El inminente tratamiento en segunda lectura del aumento de la tarifa de agua llega con una pregunta que quedó flotando en el aire en la Audiencia Pública que se llevó a cabo el 23 de abril pasado: ¿de qué lado se van a parar los concejales?

Tal como ocurre en cada semestre, la Cooperativa 15 de Mayo presentó ante el Concejo Deliberante un pedido de actualización de la tarifa del servicio de agua, desagües cloacales y mantenimiento de desagües pluviales, en esta oportunidad el incremento solicitado asciende al 15,01%.

Como se sabe, este tipo de proyectos para ser aprobados requieren de doble lectura, con Audiencia Pública mediante. Y fue justamente en esta instancia donde se escucharon distintos cuestionamientos dirigidos a la Cooperativa y un pedido claro para los ediles: no aprobar el aumento del agua.

Con distintos matices, el reclamo mayoritario de los oradores fue el de la falta de control sobre la concesionaria del servicio, tanto en lo que hace a su funcionamiento, como en lo referido a la estructura de costos que presenta para actualizar la tarifa. El más enfático fue Javier Sosa, ex presidente del ERSEP, quien hasta ventiló detalles de su denuncia penal en contra de la Cooperativa.

Sosa objetó que en la Audiencia no se escuchara la palabra del órgano de control por ser inexistente, lo que, a su juicio, se contrapone a normativas específicas de la Constitución Nacional para garantizar la defensa de los derechos de usuarios y consumidores. Agregó que la creación de órganos de control también fue tomada por la Provincia por ley, a la vez que se encuentra expresada en la Carta Orgánica Municipal y en el contrato de concesión del servicio.

En su extenso cuestionamiento, consideró que no se contrasta la información de la Cooperativa para saber si es legítima, que solo informa los costos que tiene, pero no cuánta ganancia percibe ni cómo distribuye sus ingresos. En este punto, hizo hincapié en que el edificio donde funciona la 15 de Mayo en la calle José Ingenieros 360 -que además cuenta con 50 departamentos- figura a nombre de la sociedad anónima Construcciones y Obras, conformada en 2008 por los mismos integrantes de la Cooperativa.

“Es una sociedad anónima espejo para contratarse a sí misma, porque no hay control”, apuntó, y recordó que presentó “una denuncia por lavado de activos”. En ese momento, les cuestionó a los ediles su desinterés frente a ese hecho. 

“La conformación jurídica de la Cooperativa le impide construir edificios, por eso lo hicieron a través de una sociedad anónima. Nadie se preguntó cómo pudo construirlo, eso pasa por la ausencia de órganos de control”, insistió, y sostuvo que “sobre la tarifa se sostiene el enriquecimiento de la Cooperativa”.  

“Se construyó un edificio de 6 millones de dólares con plata de la gente, pero la gente a la que le cortan el agua no tiene adónde ir a reclamar. Espero que tengan la altura para constituir un órgano de control como exige la ley”, les pidió a los ediles.

Consideró que los concejales no pueden analizar la estructura de costos presentada para el aumento tarifario, porque son necesarios criterios técnicos específicos para evaluarla, que es tarea de un órgano de control.

Para finalizar, trayendo las palabras de Juan Bautista Alberdi en Bases y Puntos de partida para la Constitución Nacional, quien señaló que el mecanismo de representación es la forma jurídica para evitar los abusos de poder, les preguntó a los ediles de qué lado se van a parar: “o se ponen del lado de la gente y defienden sus intereses, o seguirá la Cooperativa presentando un estudio de costos, con ítems millonarios sin razón y que no se pueden justificar”.

En sintonía con Sosa, se expresaron otras cuatro personas: Fabián Giacomelli, los excandidatos a intendente Julieta Ceballos y Alejandro López, y Gabriel Correa, quien señaló la falta de información sobre el canon que paga la Cooperativa por la concesión, entre otras cosas, y la falta de una comisión de fiscalización y control. “No voy a esperar que se modifique nada, porque sé que el aumento está acordado, sin cumplir exigencias del contrato de concesión”, afirmó. 

Julieta Ceballos indicó que el contrato de concesión contempla la creación de un órgano de control, pero que no se puso en marcha, por lo que hay un incumplimiento del Gobierno municipal y de la Cooperativa.

“¿Quién controla el servicio que estamos pagando? Se debe controlar la calidad, la facturación, adónde va el fondo de inversión que se factura, la situación financiera de la concesionaria, y garantizar que no haya abusos, porque el servicio no se cede a la Cooperativa para que se enriquezca usando un bien de todos. El órgano de control garantiza el cuidado hacia los usuarios. Se percibe una relación desigual en la que el usuario está atrapado en un servicio monopólico, sin poder dejar de consumir agua ni elegir a otro prestador. Si no hay competencia, tiene que haber un control. Concejales, antes de levantar la mano para el aumento, es de prima importancia crear el ente de control”, cerró.

López reclamó transparencia y control, consideró que hay incumplimientos de parte de la Cooperativa y que cuando pide un aumento, hay que conocer las razones. 

“Estoy pidiendo a los concejales que no voten el aumento ahora, para que haya un verdadero análisis de la situación, basado en hechos concretos y realizado por profesionales, para poder tomar una decisión correcta para todas las partes”, remarcó. 

Giacomelli preguntó “si han realizado un análisis serio de la situación social-económica y de la calidad del servicio que presta la Cooperativa, antes de avanzar con un aumento tarifario”.

“¿Con el evidente malestar social y una prestación deficiente que la ciudad sufre, van a autorizar un aumento? Espero que no, porque, además, este aumento no guarda relación con la inflación, que es menor. Los ciudadanos estamos cansados de pagar más por servicios que funcionan menos, antes de cargarle un peso más al contribuyente, lo mínimo que esperamos es que tomen en cuenta lo que se está planteando y que podamos tener claridad sobre los aumentos que el Concejo vota”, concluyó.

A pesar de los deseos y sugerencias de no avalar un incremento de la tarifa, lo sucedido durante la aprobación en primera lectura indicaría que la suba tendría el acompañamiento de la mayoría agravada que exige el proyecto. En esa sesión, la edil Yaslil Osés (Hacemos Unidos por Villa María), explicó que el aumento se aplicaría en dos tramos de 7,5%. Y añadió: “La suba surge de la necesidad de sostener este servicio, no acompañarla pone en riesgo su calidad, aprobar la actualización es garantizar la continuidad de un servicio esencial”.

Sin demasiadas objeciones, el proyecto fue aprobado por mayoría por la bancada oficialista, las ediles de Juntos por el Cambio, Natalia González y Evelyn Acevedo, con el rechazo del concejal Pablo Perret del Frente Cívico, de Manuel Sosa de Uniendo Villa María y de Felipe Botta de UCR-Caminando Futuro.

Manuel Sosa cuestionó la falta de información de parte de la Cooperativa. “El aumento impacta en los bolsillos de todos los villamarienses y hay una obligación de conocer el detalle de costos. Necesitamos saber si esa tarifa es racional en un contexto de crisis económica y social”, dijo, y advirtió que faltaba el dictamen del ente de control, lo que consideró fundamental para evaluar la razonabilidad del aumento. 

“Tenemos que buscar el equilibrio, sin esos elementos no se va a poder avanzar”, aseguró.

En tanto, Botta coincidió con Sosa en que hacía falta tener el dictamen de control e información fidedigna para poder dar respuestas a los vecinos, para justificar su voto negativo.