Beneficiaron otra vez al exbombero acusado por delitos sexuales contra menores

Listo: para la fiscal Juliana Companys, del Segundo Turno de Villa María, la investigación terminó. Para ella, que ha investigado, es momento de pedir la elevación a juicio de la causa que tiene como acusado a Rodrigo Santi, el exbombero de La Playosa imputado por delitos sexuales contra menores que, además, confesó. Ella, entonces, a fines de junio de este año, lo hace: le solicita a la jueza de Control que analice el expediente y que, en caso de acordar, mande una copia a la Cámara del Crimen para que decida la fecha del juicio. Pero ella, la fiscal Companys —por alguna razón— modifica uno de los delitos por los que está acusado Santi —aunque el hecho en sí mismo sea el mismo— y él, en vez de estar acusado por abuso sexual con acceso carnal, pasa a estar acusado por abuso sexual gravemente ultrajante. Recibe un beneficio.

Esa modificación en la acusación importa porque producirá otras modificaciones en las escalas penales, cuando Santi sea juzgado. En los casos de abuso sexual con acceso carnal, la pena mínima es de 8 años y la máxima de 20. Ahora, al ser acusado por abuso sexual gravemente ultrajante, la mínima es de 5 años y 4 meses y la máxima de 13 años y 4 meses.

Mientras, la jueza de Control analizará el cambio en la acusación y definirá. Hasta que no se conozca esa definición, Santi está acusado por estos delitos: abuso sexual simple —dos hechos—, abuso sexual simple y corrupción de menores en concurso ideal —un hecho—, tenencia de pornografía infantil —un hecho— y abuso sexual gravemente ultrajante —el hecho al que la fiscal le cambió la calificación—. 

Lo último que se supo de Santi, según fuentes judiciales, es que la semana pasada hubo requisa interna en la cárcel y le sacaron el celular.

Detención, domiciliaria y regreso a la cárcel

Santi, de 31 años y nacido en Pozo del Molle, conocido por algunos como “Lolo” y por otros como “Loli”, era instructor de la Escuela de Capacitación de Bomberos Voluntarios de La Playosa, donde vivía, y también capacitaba cadetes a nivel nacional. La mañana del sábado 29 de diciembre de 2024, policías lo detuvieron en su casa de La Playosa, un pueblo del centro este de Córdoba que tiene unos tres mil habitantes. 

Después de casi un año preso, el viernes 19 de diciembre de 2025, Teodora Perassi, su abogada —que lo sigue defendiendo junto a su pareja Adrián Brochero— presentó un escrito ante Companys y pidió prisión domiciliaria para el acusado. La pidió porque según un informe del psicólogo Pedro Rodríguez —citado por la defensa (no hubo pericia oficial)—, Santi presentaba un grave deterioro en su salud psíquica: en la cárcel perdió el interés por cualquier tipo de actividad, sintió culpa, desesperanza, un vacío existencial y tuvo problemas cognitivos. El informe hablaba de depresión y, específicamente, de un subtipo de depresión denominado «melancolía».

Companys le otorgó la domiciliaria a Santi y, cuando se supo, hubo marchas en La Playosa. Muchas. Hasta que el martes 27 de enero de 2026, poco después de la una de la tarde, policías allanaron el departamento donde cumplía con la domiciliaria en Villa María. Encontraron un módem y un celular en el que había conversaciones de WhatsApp. Además, en el teléfono estaban descargadas las aplicaciones Bancor, Mercado Pago, Spotify y Tik Tok. Al incumplir las condiciones por las que le habían otorgado el beneficio, lo trasladaron otra vez a la cárcel.